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Organizaciones campesinas rechazan el millonario recorte a sector Agropecuario

El presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígena Nehuen, Rigoberto Turra, y el presidente de la Confederación Nacional Campesina e Indígena Ranquil, Osvaldo Zúñiga, cuestionaron los recortes al presupuesto de Agricultura. Zúñiga advirtió que la reducción de recursos se produce en un escenario marcado por el alza de los fertilizantes y combustibles, los efectos del cambio climático y el creciente protagonismo de las mujeres en la producción de alimentos.

Las organizaciones campesinas manifestaron su preocupación por los efectos que podría tener el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 para el Ministerio de Agricultura en la Agricultura Familiar Campesina. El cuestionamiento apunta a que la disminución de recursos se produciría en un momento complejo para el sector, marcado por el aumento de los costos de producción y las consecuencias del cambio climático.

Uno de los cuestionamientos fue planteado por Rigoberto Turra, presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígena Nehuen, quien advirtió que las reducciones presupuestarias podrían dejar a cerca de 25 mil agricultores sin atención, según las estimaciones de su organización.

En conversación con El Maipo Negocios, el dirigente cifró la disminución de los recursos destinados al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en más de un 15%, equivalente a más de $62 mil millones. Además, sostuvo que se trataría de una de las reducciones más importantes desde la creación de la institución.

«Desde la conformación del Instituto de Desarrollo Agropecuario, no habíamos vivido una rebaja tan considerable», señaló.

Turra explicó que la estimación de agricultores que podrían quedar sin atención considera los efectos de los ajustes en los programas de INDAP, junto con eventuales reducciones de personal y concentración de oficinas.

«Cuando hay una reducción de INDAP, es obvio que va a haber una reducción de personal, quizás concentración de oficinas. Nosotros calculamos más o menos 25 mil agricultores que no van a ser atendidos», afirmó.

El dirigente precisó que estas proyecciones fueron elaboradas a partir de antecedentes recopilados por la organización, junto con sus profesionales y asesores parlamentarios.

PRODESAL y los programas de apoyo en riesgo

Uno de los puntos que más preocupa a la Confederación Nehuen es la reducción de recursos destinados a los instrumentos que permiten acompañar a los pequeños productores. Turra mencionó particularmente el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), que, según los antecedentes que maneja la organización, enfrentaría una disminución cercana al 56%.

A su juicio, este ajuste dificultaría el ingreso de nuevos agricultores al programa y reduciría las posibilidades de acceder a apoyos para sostener las actividades productivas. Entre ellos mencionó bonos para semillas, cercos y otras ayudas que, según explicó, podían alcanzar montos de entre $200 mil y $300 mil.

«Es muy difícil que se acepte a un nuevo agricultor en PRODESAL, porque cuando tú reduces, es más difícil. Si antes ya te costaba ser beneficiario de PRODESAL, más difícil va a ser hoy», sostuvo.

Turra también cuestionó la disminución de recursos para comercialización, que cifró en un 78%, y los recortes en programas vinculados a la transición hacia una agricultura más limpia y agroecológica.

El dirigente planteó que las dificultades no se limitan a la capacidad de producir, sino que también afectan las posibilidades de vender los alimentos y generar ingresos para las familias campesinas.

«Nosotros en la agricultura familiar campesina producimos, alimentamos nuestra familia y, no coincidentemente, lo vendemos. Entonces, la pregunta es: ¿podemos seguir haciendo lo mismo con toda esta baja que existe fundamentalmente en la agricultura?», planteó.

A estas preocupaciones sumó la reducción de unidades de asesoría técnica en regiones. Para el dirigente, esta disminución resulta especialmente delicada debido a la necesidad de incorporar conocimientos, tecnología y acompañamiento profesional para enfrentar los desafíos ambientales y productivos.

Crisis climática y falta de recursos para emergencias

El presidente de Nehuen sostuvo que los ajustes presupuestarios llegan en un momento complejo para los pequeños agricultores, que ya enfrentan dificultades para mantener sus actividades debido al aumento de los costos de producción.

Entre los factores que mencionó están el encarecimiento de los fertilizantes, los combustibles y la electricidad, además de los efectos del cambio climático y los conflictos internacionales sobre los mercados de insumos agrícolas.

«Hoy día no hay stock de fertilizante. El fertilizante se fue a las nubes», afirmó, al explicar que esta situación compromete las posibilidades de producción para las próximas temporadas.

En ese contexto, cuestionó que se reduzcan los recursos destinados a la asistencia técnica y a la preparación frente a nuevas plagas y enfermedades que podrían aparecer como consecuencia de las alteraciones climáticas.

«Lo que más necesitamos son ciencias, tecnología y técnicos para poder abordar los desafíos del cambio climático», señaló.

Otra de sus preocupaciones apunta a los recursos para enfrentar emergencias agrícolas. Según Turra, la propuesta presupuestaria contempla cero pesos en una asignación de INDAP destinada a atender catástrofes naturales, lo que, a su juicio, podría dificultar la respuesta institucional ante incendios, inundaciones, nevazones y otros eventos que afectan a los sectores rurales.

«Hoy día vas a tener un INDAP sin plata, porque hay cero pesos», advirtió.

También cuestionó la disminución de recursos para riego y las dificultades de financiamiento para inversiones de mediano plazo. A esto agregó su preocupación por el bono legal de aguas, instrumento que permite avanzar en la regularización e inscripción de derechos de aprovechamiento de agua.

Alza de costos y críticas al Ministerio de Agricultura

Por su parte, Osvaldo Zúñiga, presidente de la Confederación Nacional Campesina e Indígena Ranquil, hizo llegar un documento elaborado por la Coordinadora 28 de Julio, instancia que reúne a 11 organizaciones campesinas y que contiene un análisis presupuestario dirigido a los parlamentarios.

En conversación con El Maipo Negocios, Zúñiga sostuvo que la agricultura familiar y el sector agrícola en general enfrentan un escenario de mayores dificultades económicas. Entre los factores mencionó el encarecimiento de los fertilizantes, el alza de los combustibles y los efectos del cambio climático sobre la actividad productiva.

A su juicio, la disminución de recursos públicos profundiza esas dificultades. «En ese escenario se dan los recortes. Y eso lo hace más grave, agrava la situación», señaló.

El dirigente también cuestionó la conducción del Ministerio de Agricultura y la respuesta de sus autoridades frente a las dificultades que atraviesa el mundo rural. En particular, criticó lo que considera una falta de reconocimiento de las condiciones actuales de la agricultura familiar campesina.

El papel de las mujeres en la producción de alimentos

Otro de los puntos que Zúñiga puso sobre la mesa fue la creciente participación de las mujeres en la agricultura familiar campesina. Según planteó, el campo ha experimentado una progresiva feminización y hoy existe un mayor número de mujeres a cargo de pequeñas explotaciones agrícolas.

El dirigente destacó que su aporte no se limita a la producción para el autoconsumo, sino que también tiene una importancia directa en el abastecimiento del mercado nacional y de las economías locales.

«Las mujeres hoy día están produciendo para el mercado nacional, para el consumo local, para la feria libre, para el mercadito del barrio», afirmó.

Desde su perspectiva, este escenario debería ser considerado en el diseño de las políticas públicas y en la distribución de los recursos destinados al sector agrícola, especialmente por la contribución de estas productoras a la soberanía alimentaria.

Las advertencias de las organizaciones campesinas

La minuta entregada por Zúñiga a El Maipo Negocios fue elaborada por la Coordinadora 28 de Julio y reúne a 11 organizaciones. El documento analiza distintas partidas del presupuesto agrícola y advierte sobre posibles consecuencias para instrumentos de apoyo a los pequeños productores.

Entre sus observaciones identifica reducciones en recursos destinados a asesoría técnica, inversión productiva, comercialización y crédito de largo plazo. También plantea inquietudes respecto de programas como PRODESAL y el convenio del Programa Mujeres Rurales.

El análisis señala que las unidades de asesoría técnica pasarían de 458 a 384. Además, las organizaciones proyectan que los cambios presupuestarios podrían repercutir en más de 22 mil usuarios de PRODESAL y PDTI. Esta cifra corresponde a una estimación elaborada a partir del costo de atención por persona y no a una confirmación de agricultores que hayan perdido actualmente sus servicios.

La minuta también advierte sobre la situación del convenio del Programa Mujeres Rurales, ejecutado entre INDAP y PRODEMU, que, según el documento, quedaría sin asignación presupuestaria para 2027. Las organizaciones manifiestan preocupación por la continuidad de este instrumento y sus efectos en las productoras rurales.

Asimismo, expresan inquietud por los recursos destinados a riego y a la respuesta ante emergencias agrícolas, en un contexto de mayor exposición a eventos climáticos.

El documento constituye un análisis presupuestario de las organizaciones campesinas y no un informe oficial del Ministerio de Agricultura o de INDAP. Sus observaciones y proyecciones deben distinguirse de las cifras oficiales definitivas y de eventuales decisiones que se adopten durante la discusión legislativa.

Cuestionamientos al debate presupuestario y llamado a movilizarse

Las críticas de Turra también apuntaron a la discusión del presupuesto en el Congreso. El dirigente destacó la participación de parlamentarios que, según señaló, defendieron los recursos destinados a la agricultura familiar, pero cuestionó la ausencia de representantes de derecha, republicanos y libertarios en las instancias donde se abordó el financiamiento de INDAP.

«No vi ningún parlamentario de derecha hablar por INDAP», sostuvo, precisando que su observación se refiere a lo que pudo presenciar durante las jornadas de discusión presupuestaria.

Frente a este escenario, llamó a los campesinos y campesinas a mantenerse organizados y atentos a la tramitación del proyecto. También planteó que las organizaciones podrían recurrir a nuevas movilizaciones si no encuentran respuestas a sus demandas.

«No podemos ser pasivos con lo que está pasando en este país con respecto a nosotros. Es nuestra forma de vida, no solo el alimento, sino también la calidad de vida y la gran responsabilidad de alimentar», expresó.

El dirigente agregó que las manifestaciones podrían ser una herramienta para defender el trabajo y la dignidad del sector campesino. «A lo mejor vamos a tener que los campesinos hacer lo mismo, para poder defender nuestro trabajo y sobre todo reafirmar la dignidad que tuvimos hace años», señaló.

Para ambos representantes, el debate presupuestario no puede limitarse a las cifras. También debe considerar las condiciones en que trabajan los pequeños productores y el papel que cumplen en el abastecimiento de alimentos, particularmente en los mercados locales.

Turra cerró su advertencia cuestionando el futuro de la agricultura familiar si no se restituyen recursos para el sector: «No veo un futuro bueno para la agricultura familiar campesina si no se restituye un fondo».

El Maipo Negocios

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