Despojar a la agricultura de su función primordial de dar de comer podría traer consecuencias no deseadas para la humanidad. La batalla se libra entre tratar la comida como una mercancía o desde los derechos humanos
La encrucijada alimentaria global no reside en la escasez de calorías sino en la arquitectura fallida de un sistema que confunde el acto de nutrir con la mera lógica mercantil. Christoph Müller sostiene que pese a que la inseguridad alimentaria es un subproducto de sistemas políticos y económicos disfuncionales donde el acceso a la comida depende del poder adquisitivo y no de la disponibilidad real, la investigación agrícola ha caído en una trampa productivista centrada en cómo incrementar la cantidad de comida que se produce.
Esto ha permitido utilizar el hambre como un escudo moral a nivel global y así evadir regulaciones ambientales y eludir la necesaria redistribución de la riqueza. Según Müller, exigir que la agricultura solucione el hambre sin abordar los problemas socioeconómicos de base ha desviado la mirada científica sobre los desafíos críticos de sostenibilidad. Por ello, dada la incapacidad de la agricultura de terminar con el hambre, Christoph Müller lanza un desafío: librar a la agricultura de su mandato histórico de seguridad alimentaria para que el sector pueda finalmente atender la urgencia climática y la biodiversidad sin el lastre de producir comida artificialmente barata. La propuesta es trasladar la responsabilidad de la seguridad alimentaria a los sistemas de protección social y a las políticas de ingresos, permitiendo que el mercado refleje los costes reales de producción y que la ciencia se enfoque en la integridad ambiental y el bienestar del agricultor.
Pero la ciencia también plantea una advertencia contundente señalando que el problema no es el mandato a la agricultura de alimentar a la población sino la narrativa económica que lo ha secuestrado. Hay coincidencia en que el paradigma productivista es una trampa peligrosa, pero despojar a la agricultura de su función primordial de dar de comer a la gente podría traer consecuencias no deseadas para la humanidad. La verdadera batalla se libra entre una visión del alimento como una simple mercancía destinada al crecimiento económico y la de una perspectiva basada en los derechos humanos que prioriza la nutrición, la salud y la adecuación cultural. Es necesario poner el foco en la agricultura industrial. Es la agricultura industrial la que debe ser liberada de un mandato de seguridad alimentaria que nunca tuvo intención de cumplir de forma real, ya que su fin último es la producción de bienes para mercados competitivos internacionales, no garantizar el derecho humano a la alimentación.
La propuesta social, justa y humanitaria implica un cambio radical de métricas que responda a un enfoque de derechos y donde la eficiencia no se mida exclusivamente en kilos por hectárea sino por ejemplo en personas nutridas por unidad de superficie, abrazando la complejidad de los policultivos y el conocimiento de las y los pequeños productores. Mientras Müller plantea separar la producción de la justicia distributiva para salvar la integridad del planeta, la propuesta holística y humana no puede dejar de insistir en que la seguridad alimentaria solo se alcanzará democratizando el sistema alimentario y reconociendo el derecho humano a la alimentación por encima de cualquier lógica de mercado.
La administración de Donald Trump decidió ignorar mandatos judiciales que exigían la reactivación inmediata del programa de asistencia nutricional suplementaria
Y así encontramos por ejemplo como Estados Unidos, actual epítome de la manipulación de la ciencia y de los derechos humanos, atraviesa un momento de ruptura sistémica donde el derecho más básico de la ciudadanía se ha transformado en un rehén de la alta política fiscal y la estrategia de confrontación del gobierno de Donald Trump. El cierre de administración más prolongado de la historia durante 2025 ha dejado de ser una simple parálisis burocrática para convertirse en un experimento de privación que afecta directamente a cuarenta y dos millones de personas en el país de la democracia. Lo que históricamente se ha entendido como seguridad alimentaria, ese pilar que debería garantizar que ningún habitante pase hambre por razones económicas, está siendo desmantelado bajo una lógica que trata la nutrición no como un derecho humano fundamental, sino como un bien de mercado sujeto a la discrecionalidad del ahorro estratégico y de la liquidez financiera. La administración de Donald Trump decidió ignorar mandatos judiciales que exigían la reactivación inmediata del programa de asistencia nutricional suplementaria bajo el argumento de que el país requiere conservar fondos ante posibles conflictos bélicos o catástrofes futuras.
Esta postura rompe el consenso social sobre la red de seguridad del Estado y redefine la ayuda alimentaria como una concesión excesiva o un lujo que el tesoro público no debe otorgar sin restricciones severas.
En el corazón de esta crisis se encuentra una visión gubernamental que prioriza la acumulación de recursos estatales y la solvencia económica sobre el bienestar de la población, perjudicando a las más vulnerabilizadas. Mientras los tribunales federales advierten sobre los perjuicios reales para familias que dependen de una media de ciento ochenta y siete dólares mensuales para subsistir, el poder ejecutivo responde con apelaciones constantes y con una retórica que cuestiona la necesidad real de las y los beneficiarios.
Se argumenta desde la Casa Blanca que las cifras de personas asistidas se han desbordado de forma injustificada y que el programa debería limitarse exclusivamente a casos de desamparo extremo, a pesar de que los datos oficiales muestran que el volumen de ayuda ha sido masivo y constante en años anteriores.
La estrategia de presión contra la oposición legislativa utiliza el acceso a la comida de uno de cada ocho estadounidenses como una herramienta de negociación económica, prefiriendo mantener la liquidez del estado antes que cumplir con las obligaciones sociales básicas. Esta maniobra no solo impacta la nutrición de millones de personas en situación de pobreza, sino que degrada el funcionamiento estructural del país al provocar crisis en sectores críticos como el transporte aéreo debido al agotamiento y estrés de trabajadores que ya no perciben su remuneración. De esta forma, el gobierno ha transformado la seguridad alimentaria en una variable de ajuste y estrategia económica, desafiando la autoridad judicial para imponer una visión donde el alimento es un gasto gestionable y no una garantía ciudadana innegociable. Es un ejemplo tan real como dramático de las consecuencias de entender la alimentación como una mercancía.
A renglón seguido de la inseguridad alimentaria en EEUU, bajo pretextos de liquidez para poder afrontar la guerra, se impulsó la guerra. En esta ocasión la intervención armada unilateral de EEUU de la mano de Israel en Irán. Hoy sabemos que el conflicto bélico encendido en Irán ha dejado de ser una disputa regional para transformarse en una amenaza directa contra la estabilidad de las mesas en todo el planeta.
Los máximos responsables del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos han lanzado una advertencia contundente sobre cómo esta guerra conducirá inevitablemente a un encarecimiento de los productos básicos y a una crisis de inseguridad alimentaria global. Esta sacudida se origina en una de las mayores perturbaciones de los mercados energéticos de la historia moderna, donde el precio del petróleo ha llegado a aumentar un cincuenta por ciento desde el inicio de las hostilidades. El corazón del problema radica en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella vital donde el cierre parcial dictado por Teherán en respuesta a la agresión mantiene bloqueados a miles de barcos y asfixia el flujo de hidrocarburos esenciales.
La onda expansiva del conflicto ha golpeado con especial saña a los fertilizantes de síntesis. Ya en la primera semana de guerra, el precio de la urea, el abono inorgánico más utilizado del mundo, se disparó un veinte por ciento dado que su producción depende críticamente del gas natural. Con la cotización del gas duplicada en Europa y el ataque con drones a plantas estratégicas en Qatar, el suministro mundial de fertilizantes de síntesis se encuentra en un estado de tensión máxima. Esta situación es especialmente crítica para países con un modelo agrario industrializado y dependiente del exterior, como es el caso de España, donde la mayor parte de la urea utilizada debe importarse, quedando a merced de la volatilidad internacional y de la disponibilidad de proveedores en el norte de África y Rusia.
Aunque el impacto total aún no se percibe plenamente en las estanterías de los supermercados, el sector agrícola ya advierte que monocultivos con alta demanda de fertilizante, como los cereales y el girasol, trasladarán pronto estos costes al producto y de ahí, si no hay medidas que lo impidan, al precio final. Esto se podrá traducir en subidas drásticas en productos tan cotidianos como el pan, la pasta o el aceite.
La carga más pesada de esta crisis recaerá sobre las poblaciones más vulnerables y las economías de bajos ingresos, que ya lidian con deudas elevadas y con un espacio fiscal limitado para maniobrar. Revisando crisis pasadas, el escenario futuro es inquietante, ya que, si la crisis se prolonga, los grandes exportadores podrían limitar sus ventas para proteger sus propias reservas, lo que dispararía los precios en cuestión de días y confirmaría que la guerra en Irán también siembra el hambre lejos de sus fronteras.
Es indudable que la investigación agrícola actual está sesgada por marcos productivistas, atrapada en un marco economicista de la inseguridad alimentaria que equipara el hambre fundamentalmente a la falta de alimentos (pese a que por ejemplo un tercio de lo que se produce se pierde o se desperdicia), y que es necesario un cambio en las prioridades de financiación, en las métricas de evaluación y en los mandatos políticos para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.
Mientras Müller y otros legítimamente buscan separar la producción agraria de la responsabilidad social del hambre, un enfoque complejo del problema propone reintegrar la agricultura en un marco de derechos sociales y ecológicos, lo que implica un cuestionamiento radical del funcionamiento del sistema agrario de un modelo industrial hacia un modelo agroecológico. Hay consenso en que la ciencia y la política deben escapar de la obsesión ciega por el rendimiento agrícola bruto, pero el debate revela una fractura ideológica profunda sobre si la agricultura debe ser tratada como un servicio ecosistémico independiente o como el pilar social innegociable de la dignidad humana.
*Fernando Valladares R. científico y divulgador medioambiental español nacido en Mar del Plata, Argentina. Es doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que es profesor de investigación y director de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
*Marta Rivera Ferre. Profesora de Investigación en INGENIO (CSIC-UPV). Licenciada y doctora en Veterinaria, en la Especialidad de Producción Animal y Economía Agraria por la Universidad de Córdoba; Máster por la Universidad de Aberdeen, Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona.
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